República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de prensa 16 de mayo de 2011
EL TIEMPO
CORTE CONSTITUCIONAL NO POLEMIZARÁ CON EL PROCURADOR
El alto tribunal se abstuvo de responder los planteamientos del procurador Alejandro Ordóñez.
"La Corte Constitucional hace caso omiso de los pronunciamientos que por fuera de las vías institucionales pueda tener el Procurador, se limitará a recibir y estudiar sus conceptos dentro de los expedientes y responderá por medio de las sentencias que se profieran", indicó el magistrado Juan Carlos Henao, presidente del alto tribunal.
El procurador Alejandro Ordóñez aprovechó la celebración del Día de la Familia para defender, una vez, más su punto de vista y reiteró que "está concebida por una pareja heterosexual estable y orientada a la educación de los hijos y al bienestar de la sociedad", manifestó.
El pronunciamiento del procurador Ordóñez se da en momentos en que la Corte Constitucional se apresta a fallar una tutela de una pareja de mujeres homosexuales que busca la adopción del hijo de una de ellas.
La pareja también estudia una demanda que pide que en el concepto de familia que hay en el Código Civil se incluyan las uniones del mismo sexo.
Por eso también criticó a "un sector minoritario" que tiene la intención de "legitimar otro tipo de relaciones que buscan alcanzar reconocimiento social".
Las afirmaciones del procurador Ordóñez se dieron dos días después de haber defendido en otro foro su posición sobre la sentencia de la Corte que despenalizó el aborto en Colombia, únicamente en tres casos especiales.
El magistrado Juan Carlos Henao dijo que frente a estos planteamientos y en ese tipo de foros no entrará a hacer debates con el procurador Ordóñez y reiteró que frente a la sentencia del aborto en Colombia, "hay una decisión que está vigente y que es de obligatorio cumplimiento".
NUEVA SANCIÓN A JUEZ QUE EMBARGÓ CUENTAS DE CAJANAL
Se trata del Juez Primero Laboral de Quibdó, Francisco Antonio Mena Castillo.
Mena Castillo fue suspendido 12 meses de su cargo por retener dineros del Departamento del Chocó.
Los recursos, girados por la Nación para financiar proyectos educativos, estaban consignados en una cuenta del Sistema General de Participaciones.
Aunque la ley prohíbe el embargo de esos dineros, el juez Mena y algunos abogados iniciaron un proceso ejecutivo y dictaron las medidas cautelares de embargo escudándose en el principio de autonomía judicial.
La sanción fue impuesta por el Consejo Superior de la Judicatura que le advierte a los jueces la independencia que tienen para interpretar las normas no es absoluta y se debe tener en cuenta la jurisprudencia y los precedentes judiciales.
Francisco Antonio Mena Castillo ya había sido sancionado dos veces por los mismos hechos.
LOS DERECHOS HUMANOS, POR ESENCIA SON CONTRA LA MAYORÍA
Aunque se ocupa de la defensa de la mujer, muchas feministas la cuestionan.
La abogada Mónica Roa, conocida por sacar adelante la sentencia de despenalización del aborto, habla de los retos y obstáculos de la última década de derechos de las mujeres.
Por trabajar con hombres, porhacer parte de una generación de abogadas que prefiere la estrategia y el derecho en lugar de la protesta. Mónica Roa y el grupo de abogadas de la organización internacional Women¿s Link Worldwide acaban de cumplir diez años de trabajo en este campo. Aunque es mucho lo logrado, ella sabe que aún falta mucho para que la sociedad desmonte el machismo y asuma sus consecuencias.
¿Cuál es el mayor logro en materia de derechos de la mujer en la última década?
La gente está empezando a preguntarse cómo se mueren las mujeres, y están viendo que no lo hacen en la guerra, sino a manos de sus parejas, por falta de acceso a la salud o por causa de un aborto inseguro. También está viendo que, cuando son víctimas de tortura, siempre reciben violencia sexual, que en la mayoría de los países tiene una pena menor que la de tortura. Por eso en tribunales penales internacionales (de la ex Yugoslavia y Ruanda) se dieron las primeras condenas de violación como tortura y como genocidio. En Argentina, las violaciones sucedidas en tiempos de dictadura fueron declaradas crímenes de lesa humanidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión sin antecedentes en el caso de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, en México: que los jueces consideren el contexto en el que se dan los crímenes contra la mujer.
Uno de los Objetivos del Milenio de la ONU es reducir la mortalidad materna,
¿cuál es su balance?
No se ha cumplido, a pesar del avance. Pero el que se busque reducir es un indicador de que la mujer es un agente del desarrollo de una sociedad. Muchas de las mujeres que se mueren por un aborto clandestino dejan hijos huérfanos, por eso el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas apoya el aborto, porque tiene claro que el bienestar de los niños depende del de sus mamás.
¿En qué radica la necesidad de tener el control sobre el cuerpo de la mujer?
La mujer hoy puede votar, trabajar y participar en política, pero las reivindicaciones femeninas que menos se han logrado tienen que ver con quién toma las decisiones sobre su cuerpo. Por ejemplo en el genocidio maya, las mujeres eran violadas para que sus esposos y sus comunidades las rechazaran y en esta cultura era la mujer la encargada de transmitir la cultura. Era una de las estrategias para el genocidio de esta cultura. La mujer en tanto reproductora no solamente de la raza sino de la cultura, es un objetivo de guerra muy específico. No es casualidad que pase. En el contexto de Ruanda, con un conflicto entre dos etnias, la estrategia fue yo violo a la mujer de mi enemigo para que quede embarazada de mi raza y la raza de mi enemigo se acabe. En el caso de Argentina, durante la dictadura, a las mujeres que estaban embarazadas en los centros de detención les quitaron a sus hijos y los dieron en adopción para 'reformarlos' o 'curarlos'. En el gobierno de Fujimori, en Perú, se hicieron esterilizaciones forzosas. En las redes de esclavitud sexual del mundo son los traficantes quienes deciden qué y cuánto hace la mujer. Y en los contextos de conflicto, su cuerpo se vuelve un territorio de guerra y hasta es usado estratégicamente. El poder reproductivo del cuerpo de la mujer hace que se convierta en un sitio poderoso que el enemigo siempre quiere atacar.
¿En qué han cambiado las estrategias del feminismo?
Una de las cosas que ha hecho el feminismo, en la época en que las leyes eran claramente discriminatorias hacerlo evidente. El movimiento feminista ha tratado de hacer que todas esas ganancias que se han hecho para la humanidad también se usen para la mujeres, que aunque parecería obvio, claramente no lo es. El movimiento feminista es responsable de que internacionalmente haya una Convención para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, o que en América Latina exista la Convención de Belem do Pará que es la única en el mundo sobre violencia doméstica, intrafamiliar. En todos los procesos de reformas sociales contemporáneas siempre se han incluido un par de artículos en la constitución donde se reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Una frase que fue revolucionaria en un momento como que el hombre nace con derechos y libertades en un momento se vuelve opresiva porque excluye a la mujer. Y se incluye. Y aunque eso ha sido una gran ganancia, lo que ha hecho es volver más difícil la denuncia de lo que pasa, porque en la medida que las normas reconozcan en el texto la igualdad de derechos, la pelea política se hace más difícil porque ¿contra qué estás peleando si ya la norma reconoce que hay igualdad? Era mucho más fácil ir a pelear cuando la constitución decía que las mujeres no podían votar. Hemos llegado al momento de entender que este no es un problema de hombres contra mujeres, que ellos son malos y ellas buenas, es un problema cultural social en donde ambos son reproductores de un sistema machista y víctimas. Hoy las estrategias tienen que ser más sofisticadas, como usar el derecho y el sistema legal como una herramienta que debe hacerse valer y que no es automática.
¿Cree que en estas luchas reivindicatorias de los derechos de las mujeres y de las minorías, la ley de cuotas funcionó?
No. Pienso que no ha funcionado. No se ha sabido ni manejar, ni entender que la ley de cuotas es una medida transitoria que busca simplemente asegurar que haya una participación de mujeres de tal manera que la gente empiece a darse cuenta que el hecho de que participen mujeres hace que el debate sea más rico y que ellas puedan probar que sí pueden y no simplemente que es por hacerles un favor porque no pueden. Todo lo contrario. Si se entiende de esta manera no logra el objetivo y es contraproducente.
En estos diez años, ¿qué logros ha tenido Women¿s Link Worldwide?
En Haití, ante la crisis de violencia sexual vivida después del terremoto, trabajamos con la Comisión Interamericana de DD.HH. para tomar medidas que protegieran a las víctimas de violación (como la anticoncepción de emergencia) y se evitaran más casos. En España buscamos mostrar que las mujeres no hacen parte de la red de trata, sino que son las víctimas y deben ser tratadas dentro de un contexto de derechos humanos. En Uganda y Kenia (África) nos invitaron a hacer un entrenamiento en derechos sexuales y reproductivos, en un continente donde el VIH es un gran problema. La Corte Suprema de México nos contrató para darles conferencias sobre género y justicia a los funcionarios de la rama judicial. En Marruecos quieren nuestra asesoría para hacer el primer observatorio de género y justicia en árabe; en Argentina hemos ayudado a médicos que quieren saber cómo informar sobre abortos seguro e inseguros, y en Guatemala trabajamos con los abogados que llevan el caso por el genocidio de este país para que incorporen lo sucedido con las mujeres.
Cristina Villarreal es vista en el mundo como una de las personas que más trabaja en reducir la mortalidad femenina, pero en Colombia algunos ven su fundación -Oriéntame-, como un 'abortadero'. ¿Qué piensa?
Ella y su trabajo es una indicación de lo que está pasando con el tema del aborto en Colombia y en general con los derechos sexuales y reproductivos y es que por ejemplo todo el mundo cree que Profamilia es estatal y no, es una ONG que hace el trabajo que el Estado no ha hecho. Lo que en este país tenemos de atención en salud sexual y reproductiva es gracias a Profamilia. Internacionalmente, Colombia se convirtió en un referente obligado y líder en el tema del aborto, gracias al trabajo que han hecho Profamilia y Cristina Villarreal a través de Oriéntame (ver recuadro). Todos quieren saber qué fue lo que pasó aquí y cómo se están prestando los servicios con atención integral y respetuosa de la dignidad de la mujer donde hay un acompañamiento y la interrupción del embarazo deja de ser como ese demonio horrible del que ninguna mujer se quiere acordar, en un sitio oscuro y tenebroso y empieza a ser una atención humana, informada, con toda la sensibilidad. Gente de todas partes del mundo quiere aprender a prestar ese tipo de servicios y abogados de todas partes se leen y se estudian la sentencia colombiana. Hace poco entrevistamos a un abogado en Malawi, en África y nos contó que había hecho su tesis doctoral sobre la sentencia de aborto en Colombia. Hay una separación gigante entre lo que pasa en Colombia y cómo eso se interpreta en Colombia y cómo eso se interpreta afuera, en el mundo.
¿Cuál es el balance de la sentencia que despenalizó el aborto en tres casos, cinco años después?
Hay unos obstáculos que uno podría anticipar en cualquier contexto similar: en una sociedad donde el aborto tradicionalmente no solo era un delito sino un pecado pasar de un día para otro a que se convierta en un derecho por lo menos en algunos casos, no era fácil. Los médicos si lo hacían un día eran delincuentes y si lo hacían al día siguiente era su obligación, esa transformación toma tiempo y es lógico y en la medida que se de información y se den herramientas para que los médicos que tienen la objeción de conciencia puedan apartarse sin que eso signifique que las mujeres se queden sin atención, en que haya protocolos médicos. Todas estas cosas de implementación es obvio que tomen su tiempo y que una sentencia no puede cambiar la realidad de un día para otro. Desde ese punto vista, los primeros años estaba avanzando. Pero que cuando llega el Procurador Ordoñez dejamos de hablar de obstáculos y empezamos a hablar de amenaza porque aquí desde el mismo Estado, desde una posición en la que se deben proteger los derechos y hacer cumplir las decisiones de la Corte Constitucional lo que encontramos es saboteo sin vergüenza. Y sin ningún tipo de control. Nosotras presentamos la queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año y no hemos recibido respuesta alguna.
¿Cómo interpreta que hoy se esté buscando desmontar la sentencia del aborto?
Ojalá no lleguemos a lo que vive hoy El Salvador, donde el aborto terapéutico que existía se eliminó con una reforma constitucional y las mujeres están siendo encarceladas. Pero ya se dieron cuenta de que esa no es la solución. Aquí no se discute si hay vida desde la concepción, o si el feto es vida humana. Sí lo es. Pero la pregunta es ¿cuál es la protección jurídica que le vamos a dar a un ser humano en estado embrionario o fetal, cuando los derechos de la mujer están en riesgo? Ahí es cuando el derecho puede ofrecer una respuesta. Existen figuras como la de la legítima defensa, en la que una persona tiene derecho a matar a otra para protegerse. En este caso sería una aplicación similar de ese concepto. A veces tengo derecho a hacer cosas que no haría en otro contexto, si no fuera porque debo protegerme.
¿Cuál sería el siguiente paso?
Mostrar cómo los derechos sexuales y reproductivos no son sinónimo de aborto, sino que es un concepto más amplio: usted puede usar un condón porque existen estos derechos, o puede pedirle a su EPS una pastilla anticonceptiva; el Viagra hace parte ellos y la atención prenatal también. Estar en su contra es abrirse al riesgo del sida, de infecciones y de muchos embarazos.
¿Qué define a quienes se oponen a los derechos sexuales y reproductivos?
Quienes se oponen tan fuertemente al aborto son las mismas personas que rechazan el uso de anticonceptivos y la educación sexual. Todos estamos de acuerdo en que ojalá el aborto no existiera, pero la manera para evitarlo es la prevención, y ésto se logra con educación sexual o con acceso a anticonceptivos. Pero si estamos en contra del condón y no queremos que se enseñe educación sexual en los colegios, pues no nos sorprendamos de que haya muchas niñas embarazadas que quieran abortar.
¿Y qué pasa con las demandas de la mayoría?
Es un muy mal entendimiento de lo que es la democracia. Ésta no es solo el gobierno de las mayorías, sino de aquellas que respetan los derechos de las minorías políticas. Los grupos minoritarios no pueden resignarse a que la mayoría pueda decidir. Eso pasó en la Alemania nazi, respaldada por la mayoría, y precisamente a partir de ahí se crea el concepto de derechos humanos, que por esencia es contramayoritario. Es ese mínimo de derechos individuales que se oponen a lo que la mayoría decide como ley que debe aplicarse a todos.
Ya identificados los problemas ¿cómo lograr los cambios?
Yo creo que lo más importante es lograr que la sociedad, hombres y mujeres, entiendan que el garantizarle los derechos a las mujeres es bueno para la sociedad. La mujer ha podido salir de la esfera privada a la pública y para que se complete el círculo los hombres deben reivindicar su rol en el espacio privado, tanto en sus beneficios como en sus responsabilidades. Lindo que cocinen, pero hay que lavar los platos, el bebé es tierno, pero hay que cambiarle los pañales. Solo allí habrá una mayor equidad de género.
¿Qué quisieran decir que lograron en los próximos diez años?
Nos gustaría poder decir que los jueces entendieron que para realmente administrar justicia tienen que preguntarse siempre qué es justicia para las mujeres. En Argentina trabajamos con los grupos que estaban promoviendo los juicios contra la dictadura para que también se incorporaran los crímenes de género e hicimos un entrenamiento para jueces y fiscales, de allí salió el mea culpa de un juez que dijo claramente 'digámosnos la verdad no son las mujeres las que se sienten incómodas, somos los jueces los que nos sentimos incómodos de preguntar'. Si logramos que ellos empiecen a hacerse esa pregunta, independientemente de las posibles respuestas, se daría un paso muy grande, desde el punto de vista de justicia que es a lo que nosotras específicamente nos dedicamos.
TUTELA CONTRA PROCURADOR POR SU POSTURA RELIGIOSA
El abogado Germán Rincón acusa al procurador Ordóñez de violar la libertad de cultos.
El abogado Humberto Rincón aclaró que con esto no se está atacando a una religión en particular.
Una tutela contra el procurador General, Alejandro Ordóñez, por presuntamente violar la Constitución al impulsar y favorecer un culto religioso en particular, presentará este lunes el abogado Humberto Rincón Perfetti.
Según explica, el Jefe del Ministerio Público no ha cumplido con el mandato que la Carta Política ha dado a los funcionarios públicos de permanecer neutros en temas religiosos, al incluir en en actos oficiales de la entidad ceremonias de la iglesia católica.
En la tutela, Perfetti hace una relación de actos públicos presididos por Ordóñez en diferentes lugares del país, en los que la Procuraduría ha estado acompañada de prelados de la Iglesia Católica. También incluye una serie de publicaciones oficiales de la entidad, en la que aparecen figuras religiosas y citas bíblicas.
"Recordemos que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que obligaba al presidente a consagrar en Te Deum a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús", dijo el abogado.
También argumenta que con esa "agenda oculta", el Procurador está impulsando desde su cargo una religión, causando un desequilibrio frente a la libertad de cultos por ser Colombia un Estado laico.
Rincón Perfetti aclaró que no se está atacando a una religión en particular, lo que se pretende es que los funcionarios públicos respeten la libertad de cultos que hay en el país, y expresen sus creencias religiosas en privado.
EL GENERAL ARIAS CABRALES
Amadeo Rodríguez Castilla
Duelen las condenas al General Arias Cabrales y al Coronel Plazas Vega por defender la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Dolor de patria se siente cuando dos exponentes de la alta oficialidad colombiana, el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega, son condenados por defender la institucionalidad y el Estado de derecho, vilmente pisoteados por quienes a sangre y fuego se tomaron el Palacio de Justicia, asesinando a su paso a inermes y humildes vigilantes, hace una generación, cuando, paradójicamente, no existían los delitos; es decir, no estaban tipificados como tales, por los cuales se les ha juzgado y condenado retrospectivamente.
Conocí a Arias Cabrales cumpliendo responsabilidades académicas en la dirección de la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE), como miembro de la promoción del curso integral de defensa nacional (CIDENAL) 1987. El CIDENAL es la última parte del curso de estado mayor que realizan los coroneles para acceder al grado de generales, etapa en la cual son invitados un grupo selecto de civiles con cargos ejecutivos en los sectores público y privado del país, quienes durante seis meses comparten desarrollos académicos y viajes de conocimiento y estudio en ciertas áreas estratégicas del país. Recuerdo que, como compañeros de curso de ese año, al hoy general retirado Harold Bedoya, quien luego se desempeñó como comandante general de la Fuerzas Militares y Ministro de Defensa encargado; al almirante Serrano, quien más tarde sería comandante de la Armada; al ex ministro de gobierno y educación Rodrigo Escobar Navia; al ex gobernador Gustavo Esguerra, y al industrial Eduardo Jaramillo Hoyos, entre otros.
No es la primera vez que Arias Cabrales tiene que hacer frente a una concepción maniquea de la justicia, pues, anteriormente, tuvo que afrontar una desmedida sanción de un Procurador que, seguramente, actuó así bajo la presión emocional de querer resarcir en parte la irreparable pérdida de su mentor y gran amigo en esos aciagos episodios.
Esa primera embestida en contra del general Arias Cabrales fue posteriormente anulada por el Consejo de Estado, como seguramente ocurrirá ahora en la segunda instancia del Tribunal Superior, órgano colegiado de maduro criterio que no vacilará en anular un fallo cuyas bases distan mucho de la ecuanimidad, mesura y buen juicio que debe acompañar a un digno y representativo operador judicial, quien, en este caso, desviándose de su objetivo quehacer, se despachó con una diatriba ideológica que cuestionó la vigencia del Estado de derecho en Colombia en esos aciagos momentos, con una argumentación que, dejando de lado el análisis de la prueba, se fue "por las ramas" de una imaginaria reconstrucción escénica, para llegar a unas conclusiones más afines con un grosero activismo político que con una recta aplicación de justicia.
Colombia es testigo de que ese nefasto y desgraciado evento fue reivindicado como un "acto de guerra" por los insurgentes del M-19, dentro del marco del conflicto interno que el país afronta desde hace más de cuarenta años, categoría que ahora ha sido reconocida por el gobierno del presidente Santos y la coalición de gobierno que lo acompaña. Por ello, todo lo que allí aconteció hace parte de la brutalidad de la guerra y no es dable, legal y legítimamente intentar hacer separaciones en su interior entre "la toma", acto amnistiado y "las desapariciones" o "crímenes de guerra", que serían violaciones de los derechos humanos, como 'ex post' ha sido calificado, pues todo hace parte integral del "acto de guerra" del cual es reconocidamente culpable el M-19.
Por ello, es de un cinismo perverso que los dirigentes del entonces grupo subversivo intenten lavar sus conciencias diciendo que no se está juzgando la "toma" sino "las desapariciones", olvidando que en su momento ellos propusieron, cuando se discutía el proyecto de amnistía en el Congreso Nacional, que la misma incluyera a las fuerzas militares cuyos comandantes, en un error histórico de cálculo increíble, dijeron que no, pues ellos representaban la institucionalidad del Estado y no podían igualarse con los delincuentes.
Con todo lo triste, dramático y doloroso del caso de las desapariciones hay que decir que estas ocurrieron dentro del fragor y como consecuencia del combate originado por "la toma", por lo que no tuvieron un carácter deliberado, tal como sucedía en las dictaduras del Cono Sur, cuando las fuerzas de seguridad del Estado se llevaban ilegalmente a las gentes de sus sitios de habitación o trabajo con el argumento de que, por sus ideas, estaban conspirando en contra del Estado.
Pero en el supuesto de que fueron agentes del Estado (cuya responsabilidad individual material está por demostrarse), habría que admitir que, entonces, se trataría de un crimen político al estilo de los que según un conocido dirigente de la izquierda tipifica André Gide en uno de sus libros, dado que tales agentes del Estado lo defendieron con métodos excesivos, equivocados y extremos en lo que creían era su deber en función de su convicción o de una instrucción superior, producto de un "extraviado altruismo", pues de tales actos no derivaron ningún provecho individual.
Al respecto, es ilustrativa la discusión que sobre el tema mantuvieron en el noticiero 'CM&' el ex candidato presidencial Carlos Gaviria y el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, de cuyo contexto se desprende que los atenuantes que se aplican a quienes combaten al Estado también deben cobijar a quienes defienden al Estado.
EDITORIAL: UNA ESTRUCTURA ENFERMA
A estas alturas, ya se puede decir que las revelaciones sobre el enrevesado manejo y el descarado saqueo de los recursos de la salud constituyen otro de los grandes escándalos de corrupción que desangran al país.
Las quejas sobre la falta de calidad y oportunidad en los servicios, las barreras impuestas por algunas EPS al libre ejercicio de los médicos, las inexcusables demoras en el flujo de los dineros (que asfixiaron a decenas de hospitales) y otras fallas no se compadecen con los cerca de 30 billones de pesos que los colombianos giran año tras año. Tampoco con los indicadores de salud de la población.
A 18 años de expedida la Ley 100 de 1993, y con una cobertura superior al 90 por ciento como su principal avance, la salud pública anda manga por hombro en muchos aspectos. No es raro que se haya llegado a este estado de cosas. El sistema nació con grietas y deficiencias estructurales, que hoy lo tienen al borde del colapso.
na de las principales tuvo que ver con el costo de asegurar la salud de cada persona. En el momento de sentar las bases -y sin estudios consistentes que permitieran saber de qué se enfermaban y morían los colombianos-, el Ministerio de entonces estableció que al año las EPS recibirían por asegurar a cada afiliado alrededor de 121.000 pesos. De acuerdo con expertos, el cálculo resultó por debajo de las estimaciones más conservadoras, y eso afectó todo el funcionamiento.
Del mismo modo, y sin adecuados perfiles de morbimortalidad, los funcionarios de entonces definieron el contenido de los planes de beneficios (POS) a los que tenían derecho los asegurados. Con el tiempo, dichos listados se quedaron obsoletos frente a los avances de la ciencia médica y las necesidades de los pacientes, que se vieron obligados a solicitar procedimientos y medicamentos no POS por vía judicial. La prestación de dichos servicios empezó a ser pagada a través del Fosyga. Ese es el origen de los recobros y el gran talón de Aquiles del sector.
En el propósito de garantizar los derechos de la gente, la salud terminó judicializada; la Corte Constitucional habilitó mecanismos como los comités técnico-científicos de las EPS para facilitar la aprobación de toda clase de servicios no POS. Pero esta medida disparó los recobros, agotó los recursos del Fosyga y puso en riesgo la viabilidad financiera del sistema, lo que llevó al Gobierno a decretar, a fines del 2009, la Emergencia Social.
A estos problemas se sumaron los manejos poco claros, interesados y abusivos de algunos intermediarios, las reglas ambiguas, el desorden en las bases de datos, la carencia de un sistema de información, el uso politiquero y corrupto de los recursos en muchas regiones, la libertad de precios para los medicamentos, las demandas inducidas y la falta de voluntad política y de mano dura para vigilar y controlar.
Habría que examinar las actuaciones de los sucesivos ministros de Salud y de la Protección Social -que tuvieron en sus manos la rectoría del sistema-, así como las labores de vigilancia y control de organismos como la Superintendencia Nacional de Salud, si se quiere establecer por qué dichas fallas persistieron.
Semejantes problemas se enfrentaron con medidas que no eran más que parches que enredaron todavía más su funcionamiento. Ni siquiera las reformas recientes lograron ponerles coto a las fallas estructurales. Para la muestra está el hecho de que, al amparo de tanto caos, crecieran imperios como el Grupo Saludcoop.
No es peregrino decir que de un sistema de salud con dineros suficientes, y que nació con las más loables intenciones, todo el mundo hizo leña, gracias a su estructura enrevesada y a las presiones políticas y económicas de quienes se lucraron con él.
Sin embargo, es preciso mantener presente que, a pesar de las protuberantes falencias, la prestación del servicio en Colombia es más equitativa y ampliada hoy en día que antes de la reforma del 93. Los enemigos ideológicos de este marco normativo no pueden aprovechar el esfuerzo de limpieza del Gobierno para propender al regreso al anterior esquema. En esta materia, todo tiempo pasado no fue mejor.
Por ese motivo, sorprenden las declaraciones del vicepresidente Angelino Garzón con respecto a este escándalo. Lanzar un manto de duda sobre toda la intermediación en salud no es justo con entidades del sector que acatan las normas.
Así como es justo dar todo el apoyo al Gobierno y a las autoridades en su esfuerzo por destapar tanta olla podrida, es imperativo que todos los actores involucrados depongan sus intereses particulares e inicien una discusión amplia sobre lo que debe ser un verdadero sistema de salud.
Pero antes deben responder la pregunta de si el país está en capacidad o no de seguir sosteniendo el modelo actual, y a partir de allí introducir las reformas de fondo, largamente reclamadas.
Eso es lo mínimo, después de tanto tropiezo. Lo justo es que el país por fin ponga por encima de cualquier otro interés el que debe ser el objetivo natural de un esquema sanitario, bajo cualquier modelo: la salud de todos los colombianos.
EL ESPECTADOR
CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN
Niegan tutela contra procurador en caso Iván Moreno
El Consejo seccional de la Judicatura de Bogotá se abstuvo de decretar la nulidad del proceso desde el 6 de abril de 2010.
Una nueva batalla jurídica en contra de la actuación disciplinaria que adelanta la procuraduiría contra el senador Iván Moreno perdió el abogado Jaime Araújo Rentería, luego de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le hubiera negado una tutela en la que buscaba que se decretara la nulidad de todo el proceso.
Araújo, quien ejerce la defensa técnica del exlegislador dentro del caso, pretendía que el expediente perdiera todo efecto jurídico y que la investigación retornara a su fase preliminar, abierta el 6 de abril de 2010.
Aducía que no se le había permitido al disciplinable ejercer de manera continua su defensa técnica y material; de ahí la necesidad de retornar en la actuación y corregir las supuestas equivocaciones del Ministerio Público frente al caso.
El Seccional de la Judicatura de Bogotá, por su parte, desestimó los alegatos y ordenó la continuación del juicio disciplinario que enfrenta el exsenador Iván Moreno Rojas.
Se trata de la segunda tutela que le niegan al exlegislador en su propósito de poner en evidencia la invalidez jurídica de esta actuación, como quiera que el Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo también de dar viabilidad a la acción de amparo constitutcional.
ATACAN A ORDÓÑEZ EN CASO CARRUSEL
AL QUE NO LE GUSTE LA CONSTITUCIÓN, QUE RENUNCIE, DICE JAIME ARAÚJO AL PROCURADOR
Para el defensor de Iván Moreno, el jefe del Ministerio Público ha violado la Carta Política en el juicio disciplinario contra su cliente.
Al funcionario público que no esté de acuerdo con la Constitución y la Ley no le queda otra alternativa que renunciar, dijo Jaime Araújo Rentería al procurador Alejandro Ordóñez, al considerar que el jefe del Ministerio Público ha estado violando la Carta Política en el proceso disciplinario que adelanta contra su defendido, el senador Iván Moreno.
Manifestó que la Procuraduría no practicó, en la etapa a la que era lugar, las pruebas solicitadas por la defensa en este proceso y que solo se atendió el requerimiento se los Nule, que estaban decididos a enviar a la cárcel a Moreno Rojas
Añadió que el conductor del ente de control se debe acoger a estas directivas, aunque no se ajuste a su percepción e interpretación, porque al no adoptarlas incurre en prevaricato. Indicó que la Corte Constitucional ha emitido posiciones jurisprudenciales en las que se demuestra la irregular actuación de Ordóñez.
Dice que no es al Ministerio Público sino a la máxima guardiana de la Constitución, a quien corresponde referirse a la exequibilidad o no de las normas y por eso debe acogerse a lo que esta señale, aún cuando su interpretación sea distinta.
Araújo Rentería dijo que lo que está solicitando no es el favorecimiento de su cliente sino que se garantice que tanto a él como a sus contradictores se les va a respetar el debido proceso, porque eso es lo que reza el Estado de Derecho.
Régimen de transición
PROCURADURÍA CONTINUARÁ ACCIONES DISCIPLINARIAS FRENTE A IRREGULARIDADES PENSIONALES
Actualmente se están evaluando las quejas que involucran al Instituto de Seguros Sociales, para adelantar las respectivas acciones disciplinarias.
Más de 6.000 quejas contra Cajanal y más de 4.000 contra el Instituto de Seguros Sociales, ha recibido la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en materia de pensiones.
La revelación fue hecha por la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, quien señaló que este órgano de control ha dirigido varias comunicaciones a las dos entidades, recordando el cumplimiento de las normas vigentes en materia de liquidación de pensiones, especialmente para aquellos a quienes les favorece el régimen de transición.
En informe de prensa de la Procuraduría, la viceprocuradora General recordó que dada la ineficacia de las citadas entidades para atender estas observaciones y responder oportunamente a los usuarios, la Procuraduría adelantó en el 2010 un proceso disciplinario que derivó en sanciones para ex gerentes de Cajanal y otros funcionarios que tenían a su cargo la tramitación de estas solicitudes.
Señaló que actualmente se están evaluando las quejas que involucran al Instituto de Seguros Sociales, para adelantar las respectivas acciones disciplinarias.
NECESITAMOS MÁS DEBATE
Por: Santiago Montenegro
Por una curiosa tradición, en Colombia siempre se propone una nueva ley o un cambio a la Constitución para resolver los grandes problemas del país.
No niego que, algunas veces, cambios normativos y aun enmiendas a la Carta Magna pueden ser necesarios para revolver problemas o crisis. Pero, me temo que en muchos casos la resolución de los problemas requiere acciones en dimensiones diferentes. Por dar sólo un ejemplo, se ha propuesto que el problema de las concesiones de carreteras se puede resolver con una nueva ley que crea una agencia para la infraestructura que reemplace al actual Inco. He vuelto a leer los términos de referencia de este instituto y los encuentro inmejorables. Su problema no radica en su estructura o en su organigrama o en la definición de sus funciones, sino en las personas que lo han dirigido, en el clientelismo que lo devoró, en su falta absoluta de control y en un Ministerio de Transporte que se derrumbó. Así, lo que requieren ese instituto y ese ministerio son especialmente personas competentes, dedicadas, honradas y con ética. Ese es el enfoque que está aplicando el ministro Germán Cardona y, por eso, creo que los resultados vendrán más pronto que tarde y vendrán bien.
Pero, más que revolver problemas, lo que necesitamos es una institucionalidad orientada a prevenirlos, a introducir mecanismos de alertas tempranas, de llamados de atención. Quizá allí radique la brecha entre las sociedades más avanzadas y la nuestra. En varios escritos y columnas he insistido en la importancia de información de calidad para la buena gobernabilidad. La información es como el agua para el pez. Sin agua, el pez muere; sin buena información no puede haber buen gobierno. Lo que la información de calidad produce, además de permitir planear, programar, ejecutar y evaluar apropiadamente las políticas públicas, es involucrar a la opinión pública, a los organismos de control, a la oposición, a la academia, en las acciones y omisiones del gobierno y del Estado. Así, una información de calidad es un insumo esencial para la existencia de una esfera pública con su extraordinario poder de comunicar y unir a sujetos con disparidad de opiniones y actitudes, sin eliminar sus diferencias. Para Jürgen Habermas, el estado de avance o atraso de las democracias puede ser medido por el pulso que tenga su esfera pública política y, por eso, es crucial estimular la consolidación de un vibrante proceso discursivo de formación de la opinión pública.
Yo creo que eso nos hace mucha falta en Colombia. Por supuesto, aquí tenemos una prensa libre que denuncia, interroga, hace preguntas. Pero, me temo que la brecha con los países maduros de Europa y Norteamérica es muy grande y lo es también con otros más cercanos, como Chile y Argentina. Y eso se palpa de inmediato en el papel que juega la televisión, que sigue siendo por excelencia el medio masivo de formación. En Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá o Chile, a diario y durante horas se presentan debates, en los llamados horarios triple A, entre políticos, académicos y ministros, sobre los temas candentes de cada país. Ese es el bien público que nos hace mucha falta en Colombia. Y, por ser un bien público, tiene que crearlo el Estado subsidiando espacios de opinión en los canales públicos y también en los privados. Más que nuevas leyes, lo que necesitamos es una cultura permanente de debates estructurados sobre los grandes problemas del país entre el gobierno, la oposición y la academia.
EL NUEVO SIGLO
ESTÁN BORRANDO "AVANCES" DE REFORMA POLÍTICA: CLAUDIA LÓPEZ
Organizaciones de mujeres piden retiro inmediato del proyecto.
EL GOBIERNO "con una mano aprueba los temas más importantes para la política y con la otra las borra", consideró la analista Claudia López, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, en referencia al proyecto de Ley Estatutaria número 205 de 2011 Cámara, “por la cual se adoptan disposiciones sobre equidad de género y sobre financiación de las campañas electorales”, que es el quinto punto del orden del día de la plenaria de la Cámara para el día de mañana.
La propuesta, radicada por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, pretende, según quedó consignado en las consideraciones de la ponencia para segundo debate, "regular tres aspectos fundamentales en materia de partidos que fueron objeto de un amplio debate dentro de la aprobación de la reciente reforma", es decir de la reglamentación del Acto Legislativo 01 de 2009.
Sin embargo, la polémica ha sido tal, que ya a la iniciativa se le conoce como la "contrarreforma política".
"Es que es una posición muy absurda del Gobierno en particular del Ministro", le manifestó López a este Diario. "Primero saca una reforma política que presenta como un gran avance y luego, una vez aprobada, saca una contrarreforma borrando lo que él mismo calificó como gran avance. O sea, esta es una contrarreforma para borrar los avances de la reforma que ya aprobó el Congreso".
Plata
Uno de los temas más polémicos es el de la financiación. Como lo publicó este Diario, recientemente la corporación Transparencia por Colombia (TC) se sumó, a través de un comunicado, a la preocupación expresada por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el proyecto por considerar que no es clara la eliminación del límite del 10 por ciento para las contribuciones de determinados particulares a campañas electorales, sin especificar qué pasa con otro tipo de contribuyentes, dejando además serias dudas sobre las implicaciones de la condonación de deudas.
Para TC el, proyecto de ley “constituye un grave riesgo de corrupción para las próximas elecciones regionales, debido a la falta de claridad sobre el propósito de no limitar las contribuciones a las campañas por parte del círculo familiar, ni tampoco explica si se mantienen los límites para otro tipo de contribuyentes. Así las cosas, podría pensarse que existe la posibilidad de que una sola persona financie el 100 por ciento de una campaña, comprometiendo la independencia de las decisiones futuras de los gobernantes”.
Sobre este particular, López expresó que, en su opinión, el interés de los políticos por contar con la posibilidad de que los recursos de una campaña puedan provenir hasta en un 100 por ciento de su propio bolsillo no es porque tengan una "gran capacidad de recursos propios, sino gran capacidad de tráfico de influencias y eso lo califican de recursos propios. Es decir, todas las coimas que por gestionar contratos les dan los contratistas, de ahí es que viene la plata de financiación y eso no son recursos propios, son recursos de corrupción".
"Entonces, yo creo que es mejor que nos dejen de tomar del pelo y nos digan de una vez si lo que se quiere promover es la politiquería en materia de campañas, que es lo que está haciendo con esta reforma política", consideró López.
¿ENTES TERRITORIALES DEBEN TENER TOTAL AUTONOMÍA TRIBUTARIA?
Expertos coinciden en que es posible ir en este sentido, aunque algunos consideran que en las regiones es donde hay más corrupción.
Las miradas de los municipios y gobernaciones apuntan hacia la Comisión Primera del Senado, por la discusión de si los entes territoriales deben o no tener plena autonomía tributaria, dentro del debate del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial.
El director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, explicó que, “por la Constitución del 91, nosotros tenemos un Estado descentralizado con autonomía de las entidades territoriales. Sin embargo, esa autonomía ha sido muy relativa, especialmente en el tema fiscal, porque sigue siendo el Gobierno Nacional y el Congreso de la República los que establecen los tributos y reglamentan no sólo el recaudo, sino también las tarifas para que los concejos municipales dentro de unos rangos establezcan todo lo que tiene que ver con el recaudo de los impuestos territoriales”.
Según Toro, los municipios deberían tener la facultad de establecer tributos, dependiendo de la actividad económica que lo caracterice, aspecto que fue propuesto por el senador Jorge Eduardo Londoño, del Partido Verde. Para Toro, “si queremos avanzar en el mandato constitucional de reconocer autonomía, deberíamos darle mayor posibilidad a las entidades territoriales, de que de acuerdo con sus características y sus actividades económicas, pudieran establecer también unos tributos particulares”.
El senador conservador Efraín Cepeda, miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, señaló que dicha autonomía tributaria tiene que hacerse de forma gradual, con informes serios de promedio, y no inmediata, “porque en estos momentos no podríamos fraccionar el país, en que cada región pusiera sus propios tributos, afectando las finanzas nacionales. Eso requiere de un estudio profundo, el cual tendría que llegar a que exclusivamente fueran impuestos de carácter territorial”.
El ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, señaló que no habría ningún vicio en que el proyecto de ley de ordenamiento territorial pueda fijar una autonomía plena para fijar tributos. “Por eso”, dijo, “la ley de ordenamiento territorial es tan importante, ya que es la que permite delimitar las competencias entre la nación, los departamentos, municipios, distritos y comunidades indígenas”.
El también ex presidente de ese alto Tribunal, Carlos Gaviria, señaló que es partidario de buscar la descentralización tributaria de los entes territoriales, porque “para gozar de mayor autonomía, es necesario que manejen su propio patrimonio”.
REVISTA AEMANA
ESTADO DE COMA
Detrás de los escándalos de corrupción hay un sistema de salud que tocó fondo. Como si el invierno fuera poco, al gobierno se le abre un frente más, que es complejo, espinoso y crucial para el país. ¿Cogerá el toro por los cuernos?
Las últimas noticias sobre el sistema de salud parecen sacadas de las páginas más escandalosas de las secciones judiciales. El presidente Juan Manuel Santos denunció una red de corrupción y desfalcos monumentales que ascienden a billones de pesos. El vicepresidente Angelino Garzón comparó a las mafias de la salud, que esquilman estos dineros públicos, con las bandas criminales, los guerrilleros y los narcotraficantes. Y el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, dijo que el gobierno "llegará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga". En las últimas dos semanas solo se habla de expropiación, intervenciones, peculado, mafias, carruseles y hasta de carteles de las EPS.
Las cifras son vergonzosas. Por un lado están las pequeñas mafias que se roban la plata de la salud. Las autoridades ya han detectado saqueos por 30.000 millones de pesos, cifra que puede ascender a 300.000 millones. El presidente Santos dijo que esta es solo la punta del iceberg. Y por otro lado, el gobierno dice que EPS y laboratorios estarían inflando entre 40 y 700 por ciento los precios de los medicamentos y dispositivos que son recobrados al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Eso significaría una pérdida anual de 400.000 millones de pesos al sistema de salud. Ni más ni menos.
Para completar este patético cuadro, la semana pasada la Superintendencia de Salud ordenó "la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de SaludCoop", la mayor EPS del país, con cuatro millones de afiliados, y el retiro de su presidente, Carlos Gustavo Palacino. La justificación son los malos reportes contables, inconsistencias en la información y errores en la gestión. Una intervención del Estado de esta naturaleza solo se había vivido con el lío de los Nule o en el pasado, ya lejano, en la crisis financiera de los ochenta y en el apagón eléctrico de los noventa.
El Superintendente de Salud, Conrado Gómez, anunció que podrían venir nuevas medidas cautelares. "Estamos haciendo visitas a todas las EPS para depurar el sistema de salud". Según Gómez, todavía las visitas no han dejado nada concreto, pero hay seis EPS que están entre ojos.
El asunto ya tiene nerviosos a muchos por las posibles repercusiones en otros sectores. Al fin y al cabo se trata de un 'golpe' a un sistema que anualmente invierte más de 28 billones de pesos, un 6 por ciento del PIB. Algunos analistas creen que el país no ha dimensionado los alcances de la crisis, y algunos banqueros se han alcanzado a asustar porque varias EPS acuden al sistema financiero mientras el Fosyga les gira los recursos que les corresponden. La cartera de SaludCoop con el sector financiero asciende a 300.000 millones de pesos. Una suma que, en manos de una entidad intervenida y de una crisis del sector, obliga a encender las alarmas. Sin embargo, la buena noticia es que los créditos están al día y los banqueros están tranquilos porque la crisis no tiene que ver con problemas de solvencia.
Por su parte, las fiduciarias que administran los recursos del Fosyga (solo por el régimen contributivo ascienden aproximadamente a 12 billones de pesos) se reunieron la semana pasada con el superintendente financiero, Gerardo Hernández, para enseñarle todos los controles que aplican para asegurar los dineros de la salud. Lo que preocupa es que otras EPS se encuentren en situación complicada.
La gran pregunta es si el gobierno está preparado para este reto. El exministro Néstor Humberto Martínez afirma que "el sector está en cuidados intensivos y el médico, que en este caso es el gobierno, debe actuar con cabeza fría para evitar llegar a un último recurso de tener que nacionalizar algunas de estas entidades".
Lo cierto es que la Ley 100 de 1993, que cambió de forma radical la manera como se prestan los servicios de salud en Colombia, ha tenido problemas desde el primer día de su creación. La primera crisis ocurrió pocos años después de entrar en vigencia, con el tema de la doble afiliación, que provocó pérdidas millonarias al fisco que nunca se cuantificaron.
Según Fedesarrollo, el sistema empezó a mostrar diversos problemas a partir de 2001 que se han agravado desde entonces. Otros análisis aseguran que las fallas de la Ley 100 se derivan de la complejidad en su diseño. Que su ambiciosa pretensión de buscar la cobertura universal ha mantenido al sector de crisis en crisis, por su enorme costo. Pero, en el fondo, todos creen que la falta de controles del Estado en los últimos años ha sido la peor causa del desborde de irregularidades. "Se quiso tener un sistema perfecto para que lo manejaran seres imperfectos", dijo un analista consultado por esta revista. Y en este caso, como dice el ministro Santamaría, "cuando el sector privado se mete en temas públicos, el Estado tiene que estar al pie para regular".
Los recientes escándalos les han abierto una gran oportunidad a los críticos del sistema para subirles el tono a sus cuestionamientos. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo cree que hay que echar para atrás todo lo que se hizo con la Ley 100 de 1993, pues considera que el sector privado ha actuado como intermediario y se ha quedado con una tajada de los recursos de la salud en detrimento de los usuarios. Algunos académicos comparten este criterio.
Sin embargo, no se puede desconocer que el modelo implementado de la Ley 100 produjo efectos positivos en varios indicadores. Un estudio de Fedesarrollo en 2009 -a cargo del actual ministro Mauricio Santamaría- demuestra que hubo incrementos importantes en la cobertura, mejoró el acceso efectivo a servicios de salud de los más pobres, aumentó la esperanza de vida, se disminuyeron ciertos tipos de enfermedades y bajó la tasa de mortalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos cinco años Colombia mantuvo el gasto en salud -un 6 por ciento del PIB- y logró incrementar su cobertura, mientras que otros países invirtieron más pero no lograron resultados. En la clasificación que hace esa entidad, con base en la medición del porcentaje del PIB que se dedica a la salud, Colombia ocupa el puesto 21 en el mundo.
Otro punto polémico fue la sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008. Algunos consideran que al darle a la salud la categoría de derecho fundamental, el sistema se salió de madre porque se desbordaron sus costos. A partir de entonces, los usuarios han podido solicitar servicios y medicamentos que no están incluidos en el POS, a través de un Comité Técnico Científico (CTC), sin necesidad de acudir a una tutela. A esto se agrega que el POS no se actualizó durante mucho tiempo. En consecuencia, los recobros se dispararon. Y como ha dicho el gobierno, esa fue una de las principales fuentes de corrupción en los últimos años.
El escándalo y la respuesta del presidente Santos pusieron al sector salud con los pelos de punta. Hay una gran expectativa. Las grandes preguntas son: ¿qué hará el gobierno? ¿Hasta dónde llegará? ¿Está dispuesto a meterse a fondo para enderezar tanto entuerto? ¿Tiene la voluntad, los recursos y los instrumentos? Se reconoce que el ministro Santamaría es una de las personas que más han estudiado el sistema y, en especial, su dimensión financiera. Pero ¿puede el gobierno enfrentar otro 'chicharrón' cuando en la lista de pendientes le anteceden la emergencia invernal, la reforma a la educación, la restitución de tierras y la reparación a las víctimas del conflicto armado?
Santamaría dice que se va a jugar a fondo. "Lo vamos a hacer con todos los pantalones puestos". Habrá que meterle buena gestión al sistema, dice, y mejor vigilancia. El ministro es partidario de un sector de EPS más reducido que el actual y está convencido de que la actualización del POS es clave.
La frase según la cual cada crisis es una oportunidad está gastada, por su uso excesivo. Pero en la salud los problemas son tan profundos que más vale que en este caso se haga realidad.
REVISTA SEMANA
LA FAMILIA Y EL ABORTO, SEGÚN EL PROCURADOR
"Los niños tienen derecho a una familia conformada por papá y por mamá", dijo el procurador este viernes. Y el miércoles: "la Corte Constitucional ha pasado a fundar los derechos en deseos". El procurador Alejandro Ordóñez se ha caracterizado por decisiones polémicas como haber pedido a la Corte Suprema que absuelva a Mario Uribe (primo del expresidente) por parapolítica, o la absolución del excongresista Álvaro Araújo, por hechos semejantes; o el respaldo a la reelección presidencial por segunda vez; u ordenar la apertura de investigación al senador Jorge Robledo por farcpolítica (decisión que archivó).
Para algunos, esas decisiones demuestran independencia, pues ha sorprendido a más de uno, tanto de derecha como de izquierda.
No obstante, su posición frente a temas como el matrimonio homosexual o ante el aborto en las situaciones que lo permite la ley, ha sido vertical. Y como Ordóñez aprovecha cada intervención ante la Corte Constitucional o pública para reiterar sus argumentos, hay quienes consideran que el procurador actúa bajo convicciones ideológicas.
Esta semana Ordóñez se refirió a los dos espinosos temas. Ad portas de que la Corte Constitucional resuelva la tutela instaurada por una pareja de mujeres que buscan que se les ampare el derecho a la adopción, el procurador defendió el derecho de los niños “a tener una familia conformada por papá y por mamá”.
“La familia está concebida por una pareja heterosexual estable. Está orientada a la educación de los hijos y busca el bienestar de la sociedad”, dijo este viernes durante la celebración del ‘Día de la familia’ con los funcionarios del ente de control.
Ordóñez dijo que una de las obligaciones del Estado es defender ese concepto a la luz de la realidad objetiva y no atender a presiones ideológicas de una “minoría emergente”.
“Si bien Colombia es un país pluralista donde se reconocen las diferencias étnicas y culturales, no legitima mediante un litigio estratégico el debate democrático para imponer a la fuerza valores éticos de minorías emergentes”, dijo.
Sobre el aborto
El miércoles pasado, Ordóñez no escatimó críticas a los recientes fallos de la Corte Constitucional en los que ha amparado el derecho al aborto en condiciones especiales. Para el procurador, el alto tribunal dejó de lado las fuentes tradicionales del derecho, y su fuente pasó a ser “el deseo”. Sus declaraciones fueron durante un encuentro de exconstitucionalistas y autoridades que conmemoraron los 20 años de la Carta Magna.
“Voy a analizar la evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia del derecho a la vida para concluir que gracias a esa evolución jurisprudencial estamos llegando al deseo como fuente de derecho”, dijo.
Ordóñez cuestionó el hecho de que la Corte haya dejado de considerar un delito el aborto y haya pasado a considerarlo un derecho, bajo circunstancias especiales (malformación del bebé, producto de una violación o cuando está en riesgo la vida de la madre).
“¿Qué puede tener mayor legitimidad que la propia vida, que la vida del no nacido?”, se preguntó.
Y al final sentenció: “Así el reconocimiento que hace la corrección Política ha pasado a fundar los derechos en deseos, o ha dado un giro para no reconocer: ‘decidme el deseo y te daré el derecho”.